*En plena llegada del proyecto del tren México–Querétaro. Quieren ser reconocidos como los fundadores de lo que ahora se llama
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
Ejidatarios de Bomintzhá sostienen una lucha que se ha prolongado por más de cuatro décadas para defender lo que consideran su legítima propiedad: tierras de uso común que, aseguran, fueron apropiadas de manera irregular por la Sociedad Cooperativa “Bomintzhá, Explotadora de Recursos no Renovables S.C.L.”. El conflicto cobra nueva relevancia ahora que una franja de su territorio será impactada por el proyecto ferroviario México–Querétaro.
De acuerdo con un testimonio, la cooperativa, ahora solo conocida con el nombre de Bomintzhá, fue constituida el 22 de noviembre de 1971 por 167 ejidatarios reconocidos en el Diario Oficial de la Federación, con base en una resolución presidencial que en 1927 dotó al pueblo de 167 hectáreas y en 1940 amplió la superficie con otras 167. Sin embargo, los inconformes afirman que a partir de la década de 1970 comenzó una serie de irregularidades: el padrón de ejidatarios se duplicó hasta superar los 300 en 1997, sin que exista documentación que justifique las nuevas incorporaciones.
Cambio de uso de suelo y escrituras cuestionadas
La denuncia central señala que el cambio de uso de suelo de parcelas de uso común a propiedad de la cooperativa se realizó sin asamblea legal. No hay registros del Registro Agrario Nacional que avalen que los verdaderos ejidatarios aprobaran las escrituras a nombre de la cooperativa, lo que, a decir de los pobladores, convierte la documentación en “ilegal”.
Los terrenos en disputa abarcan más de 200 hectáreas, donde operan explotaciones mineras sin que los socios fundadores o sus herederos hayan recibido rendimientos económicos. “A los socios fundadores nunca se les pagaron utilidades en más de 40 años”, denunció una de las herederas ejidatarias.
Señalamientos de enriquecimiento y simulación de asambleas
Los inconformes acusan a Bonifacio León Sebastián, actual director general y presidente del consejo de administración de la cooperativa, de “fraude” y desvío de recursos. Afirman que toma decisiones unilaterales, simula asambleas y usa listas de asistencia como si fueran acuerdos formales. También señalan a Esteban Viveros Ortiz, comisariado ejidal, de comprar votos por 500 pesos para mantener el control.
Además de la explotación minera, se denuncia la venta de lotes con escrituras que no cuentan con la autorización de los ejidatarios. Bienes comunales como el campo deportivo, el centro de bienestar y el jardín de niños que habrían sido escriturados a favor de la cooperativa.
Acopio de llantas y disputa por proyectos productivos
Durante las inspecciones, los habitantes hallaron millones de llantas almacenadas en terrenos ejidales. La Secretaría de la Defensa Nacional comenzó su retiro en septiembre, pero los pobladores piden que cualquier proyecto de reciclaje o economía circular se destine al beneficio directo del pueblo y no de empresas externas, pues la cooperativa “tiene empresas de outsourcing” que, según los inconformes, no dejan ganancias a la comunidad.
Tren México–Querétaro, nuevo foco de conflicto
La llegada del tren México–Querétaro reavivó el problema. Se prevé que varias hectáreas del ejido sean afectadas por el trazo, aunque aún no hay cifras definitivas. Los ejidatarios exigen que se aclare quiénes son los legítimos propietarios antes de cualquier negociación o pago de indemnizaciones. “Tiene que respetarse el núcleo ejidal y decidir los verdaderos ejidatarios”, recalcaron.
Carencia de servicios y reclamos a Pemex
Pese a convenios firmados cuando se construyó la Refinería Miguel Hidalgo, la comunidad carece de agua potable, drenaje y calles en buen estado. Ejidatarios recuerdan que Pemex se comprometió a dotar de servicios básicos, pero sólo existe una obra cuestionada, supuestamente de 19 millones de pesos, cuyo peritaje independiente reveló una inversión real cercana a 3 millones.
Una lucha que continúa
Elvia León León, hija de la activista Pilar León Hernández —quien lideró la conformación de la cooperativa en 1971 y gestionó servicios básicos para Bomintzhá—, asegura que su madre “nunca recibió rendimientos” y que la batalla legal inició desde 2012 ante el Registro Agrario Nacional, la Presidencia de la República y la Secretaría de Economía.
“Seguimos defendiendo los derechos de los 167 ejidatarios reconocidos en 1927. Las tierras siguen siendo ejidales, no hay asamblea que autorice otra cosa”, enfatizó.
Mientras avanzan las obras del tren y continúan las denuncias, los ejidatarios de Bomintzhá piden a las autoridades federales y estatales una investigación exhaustiva de las cuentas de la cooperativa, la restitución de tierras y el pago de los rendimientos que, aseguran, les corresponden desde hace más de medio siglo.
Por ello sostuvieron una reunión con personal de la Sedena, Sedatu, Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria el lunes 22 de septiembre, en el terreno en cuestión y acordaron tener otra reunión para el lunes 29.
Se firmó una minuta en la que quedó asentado que la Sedena por lo pronto no podrá retirar las llantas acumuladas en el lugar, pero sí otras labores propias al proyecto del tren; en tanto se definen los derechos de los afectados por la obra ferroviaria.
El activismo de Pilar León
Pilar León Hernández, conocida cariñosamente como Doña Pili, falleció el 9 de agosto del 2023 a los 92 años, dejando un legado de activismo que marcó la historia social de la región.
Autodidacta y amante de la lectura, pese a contar solo con educación primaria, se convirtió en una de las principales impulsoras de la organización ejidal en Bomintzhá. En 1968 encabezó junto con otras mujeres y ejidatarios una movilización para poner fin al cacicazgo de la familia Estrada, que por décadas monopolizó la extracción de material pétreo en el ejido.
Tras cuatro años de resistencia y amenazas, el 22 de noviembre de 1972 logró la fundación de la “Sociedad Cooperativa Ejidal Explotadora de Recursos No Renovables Bomintzhá S.C.L.”, una de las primeras de su tipo en Hidalgo, con reconocimiento presidencial. Su objetivo: que los ejidatarios fueran los verdaderos dueños de la riqueza natural de su tierra.
La defensa de la cooperativa continuó durante décadas. En 1984 enfrentó nuevamente intentos de despojo, esta vez respaldados por autoridades estatales, y hasta sus últimos años denunció el “secuestro” de la empresa social por nuevos caciques, a quienes acusó de excluir a los fundadores y sus descendientes para favorecer intereses privados. *NI*