*La unidad fue retirada sin explicación del lugar de resguardo.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
La fracción independiente del Ayuntamiento de Tula de Allende presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la detección de una placa presuntamente superpuesta en una unidad de Seguridad Pública municipal que operaba como patrulla.
El hecho se dio a conocer públicamente el día en que la unidad fue retirada de circulación y enviada al corralón. Sin embargo, de acuerdo con la regidora Ivonne Ponce Sobrevilla, posteriormente la patrulla fue retirada del lugar de resguardo sin explicación oficial, por lo que actualmente se desconoce su paradero. Esta situación fue incluida dentro de la denuncia interpuesta.
Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido comunicado ni posicionamiento alguno sobre el caso, pese a que, según lo documentado, varias patrullas continúan circulando sin placas visibles y existe la necesidad de verificar si otras unidades portan placas sobrepuestas, como la que originó la denuncia.
El tema generó reacciones encontradas entre la ciudadanía, con opiniones a favor del actuar de los regidores y la síndica de la fracción independiente, quienes detectaron y dieron a conocer públicamente la irregularidad. Los integrantes de dicha fracción han señalado que, de tratarse de un ciudadano común, la ley se aplicaría sin distinción, por lo que demandan el mismo criterio para los responsables de las unidades policiales.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública municipal, Roberto Martínez Islas, consideró que el hecho no constituye un delito, sino una falta de carácter administrativo que debe ser atendida, y no descartó que se realice una revisión del resto de las patrullas en operación.
El mismo día en que el caso se hizo público, elementos de la corporación solicitaron dialogar con el secretario de Seguridad Pública, al señalar que son ellos quienes finalmente circulan diariamente con las unidades en las calles del municipio.
En contraste con la postura oficial, el asunto cobra relevancia legal a la luz del artículo 378 del Código Penal Federal, el cual establece que a quien elabore o altere sin permiso de la autoridad competente una placa, engomado, tarjeta de circulación u otros documentos oficiales para identificar vehículos automotores, se le impondrán penas de cuatro a ocho años de prisión y de trescientos a mil días multa.
La misma sanción aplica a quien posea, utilice o adquiera dichos objetos a sabiendas de que son falsificados u obtenidos de manera indebida, así como a quien use placas o documentos oficiales correspondientes a otro vehículo.
La investigación iniciada determinará si el caso se limita a una falta administrativa o si existen elementos que configuren una responsabilidad de carácter penal. *NI*