*Transparencia y derecho humano a una buena administración municipal.
Desde el punto de vista conceptual, la buena administración pública refiere a la adecuada elección de los medios y a la oportunidad de ejercicio de las competencias con relación al fin específico que se quiere satisfacer.
El derecho humano a una buena administración pública debe entenderse como aquel derecho que obliga a que las instituciones y entidades administrativas funcionen como un engranaje perfecto en donde el fin último es la persona humana, es decir, las personas para quienes trabajan las administraciones publicas con el objetivo de satisfacer sus necesidades.
Por lo tanto, los seres humanos necesitamos que los gobiernos se gestionen de tal manera que efectivamente protejan y defiendan la libertad y la seguridad de las personas ya que esa es la razón de fondo de la Constitución fundamental del derecho humano.
México es una nación representativa y democrática, constituida por una sociedad como primer elemento, un Estado que organiza políticamente su territorio delimitado, un Gobierno, y finalmente una Administración Pública como el brazo ejecutor para las diversas acciones buscando un desempeño gubernamental eficiente.
Es dentro de esta Administración Pública donde operan y se desarrollan actividades en coadyuvancia con las funciones y responsabilidades del Gobierno en busca de cumplir con las necesidades de la ciudadanía.
Nuestra sociedad enfrenta hoy en día diversas problemáticas que impactan su entorno y bienestar personal, la ciudadanía sólo requiere de lo necesario para desarrollarse dentro de cada uno de sus ámbitos; es en este caso que hablamos de la misión de nuestro Estado a garantizar una Buena Administración Pública y que dicha función ya está siendo incluida como un Derecho más para la población.
El Derecho a una Buena Administración Pública asegura que las actuaciones de las instituciones públicas gubernamentales cumplan con las expectativas en los servicios para una mejor vida en nuestras comunidades.
La importancia del Derecho a la Buena Administración Pública nos obliga como ciudadanos a exigir un eficiente trabajo por parte de nuestras autoridades, la garantía de este derecho fortalece la confianza en las instituciones públicas, confirmando que el poder debe ser ejercido en beneficio de la sociedad.
Aunque en la actualidad este Derecho no se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro Estado es ya una realidad, en su artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo:
“La buena Administración pública es un derecho de los ciudadanos, nada menos que un derecho fundamental, y, también, un principio de actuación administrativa. Los ciudadanos tienen derecho a exigir determinados patrones o estándares en el funcionamiento de la Administración. Y la Administración está obligada, en toda democracia, a distinguirse en su actuación cotidiana por su servicio objetivo al interés general.
La centralidad de la persona es la primera y principal característica de una buena Administración pública. Hasta el punto de que si no existiera no podría hablarse de una Administración democrática porque lo que caracteriza a la Administración del Estado de Derecho, de la democracia, es precisamente el servicio a la ciudadanía, su tendencia a la mejora de las condiciones de vida de las personas”.
Llevar a cabo una adecuada ejecución de ella es capaz de generar condiciones de bienestar a lapoblación garantizando sus derechos. En tal sentido es posible apreciar la buena administración como un fin para lograrlo se requiere —como condición necesaria la gestión—, organizaciones, procedimientos, buen manejo de recursos públicos, evaluación de desempeño, y capital humano de la mejor calidad.
La transparencia y el acceso a la información pública. Ambos derechos son transversales y se expresan también como obligaciones a cargo de las autoridades y como políticas públicas. Para formular políticas públicas es preciso conocer los problemas públicos, documentarlos, dimensionarlos, ubicar riesgos, prioridades, fallas, vulnerabilidades. Para ello la información resulta un insumo indispensable.
En esto, la transparencia y el acceso a la información potencian la capacidad ciudadana de exigir rendición de cuentas: hay un derecho a exigir el cumplimiento de obligaciones públicas.
Dada la importancia de estos principios, el Municipio al mejorar las capacidades institucionales —recursos humanos, presupuestales y materiales; información y evidencia en la que se apoyan las políticas, planes, programas, regulaciones, procedimientos y actos administrativos; aumentaría la probabilidad de perfeccionar el desempeño institucional. Como resultado, se atienden las vulnerabilidades, se mitigan los riesgos, se corrigen las causas que producen daños, se previenen los posibles problemas, se disminuye la irregularidad y, consecuentemente, se mejora la administración.
El Derecho a la Buena Administración Pública dará la confianza en las funciones de toda Administración, garantizando que desde el poder se gestionen sólo beneficios para la población. La centralidad de este derecho y los ordenamientos jurídicos relacionados está en la dignidad de la persona, y no en las instituciones tradicionales. Sin duda, es en las rutinas, las prácticas cotidianas y las capacidades humanas, financieras y tecnológicas en donde se encuentran los principales desafíos.