*El primer paso para recuperar la transparencia.
La experiencia reciente en Calle 5 de febrero en el Centro de Tula, ha puesto en evidencia un problema que se repite en muchos municipios: la falta de transparencia en las decisiones públicas y la exclusión sistemática de la ciudadanía en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de políticas y obras.
El constante deterioro de las principales calles de la ciudad, ha generado inconformidad y poca atención a los ciudadanos vecinos de estas calles, así mismo, expuso a muchas personas a riesgo de accidentes. Esto es consecuencia directa de un modelo de gobierno que toma decisiones sin escuchar, sin priorizar el bien común y proporcionar información de manera transparente y eficiente.
Ante este panorama, se vuelve urgente proponer una ruta distinta para los municipios: construir desde lo local una nueva cultura de transparencia con participación ciudadana real y efectiva. Esto implica establecer mecanismos permanentes y vinculantes que garanticen que las decisiones públicas no se tomen a puerta cerrada, sino en diálogo abierto con quienes viven día a día los problemas de sus comunidades. Los municipios deben dejar de ser meras oficinas administrativas y convertirse en espacios de gobierno compartido, donde la ciudadanía tenga voz y voto en lo que se hace, cómo se hace y con qué recursos se hace.
Una propuesta concreta es la creación de Comités Ciudadanos de Vigilancia de Obra Pública, integrados por vecinas y vecinos, expertos técnicos, universidades y organizaciones sociales, que acompañen desde el inicio cada proyecto, revisen presupuestos, supervisen su ejecución y publiquen informes independientes. Esta figura puede convertirse en un contrapeso legítimo que prevenga irregularidades y promueva obras útiles, bien hechas y con sentido social.
Otra herramienta fundamental es el presupuesto participativo, donde una parte del recurso público se destine a proyectos decididos directamente por la población a través de procesos abiertos y democráticos y que no solamente sirva para compras y obras a modo. Esto no solo fortalece el sentido de pertenencia y corresponsabilidad, sino que obliga al gobierno a conocer y atender las verdaderas prioridades del territorio. Asimismo, los cabildos abiertos deben dejar de ser una excepción y convertirse en una práctica obligatoria, periódica y efectiva, donde las autoridades escuchen directamente las demandas ciudadanas y respondan públicamente con compromisos claros.
La tecnología también debe ser aliada en este proceso. Es necesario que todos los municipios cuenten con portales de datos abiertos, actualizados y comprensibles, donde cualquier persona pueda consultar cómo, en qué y con quién se gastan los recursos públicos. Esta transparencia debe complementarse con contralorías sociales y observatorios ciudadanos que evalúen de manera técnica e independiente el desempeño de los gobiernos locales.
Para que estas acciones sean sostenibles y no dependan de la voluntad política del momento, es fundamental dotarlas de un marco normativo. Los municipios deben reformar sus reglamentos para reconocer la participación ciudadana como un derecho, y la rendición de cuentas como una obligación permanente. Además, deben profesionalizar a su personal con capacitación constante en ética pública, gobierno abierto y derechos humanos.
Construir desde lo local una nueva manera de gobernar no es solo una aspiración democrática: es una necesidad urgente ante el desgaste institucional y la creciente desconfianza hacia las autoridades. Lo que se está viviendo en estos momentos en el Municipio es el punto de quiebre que debe servir como advertencia, pero también como punto de partida.
Los municipios tienen en sus manos la oportunidad de ser ejemplo nacional de cómo un gobierno cercano, transparente y participativo puede transformar la vida de sus habitantes. Gobernar con la gente no solo es más justo, también es más inteligente y duradero. Es hora de dar ese paso. *NI*