*Imponer la narrativa.

Desde el Gobierno y varios actores políticos quiere construir una narrativa de éxito de un proceso electoral federal a todas luces fracasado que destrozo al Poder Judicial. Ya se sabía, pero había que legitimar la acción con el mayor número de votantes para dejar constancia de que “el pueblo manda’’.

El resultado preliminar establece que el abstencionismo fue del 87%, es decir, que de cada diez mexicanos uno participó en la elección.

Y es que “la fiesta de la democracia” del día domingo estuvo bien aburrida, morena preparo el banquete, imprimió las invitaciones y el pueblo no llego. Videos con casillas electorales vacías rodaron por todas las redes sociales porque no hubo fiesta, ni alegría, ni legitimidad. Así, el evento del siglo termino siendo un velorio porque el pueblo sabio fue tan sabio que no apareció; 38 millones de votantes que el año pasado arrasaron con un tsunami electoral simplemente se esfumaron, mismo “ciervos de la nación”, mismos operadores políticos, misma maquinaria, pero ahora resultados distintos: apatía, desconfianza, desprecio;da igual, México está despertando y no se tragó el cuento.

Estas elecciones judiciales tienen buenas y malas noticias. La buena noticia es que la organización electoral sigue funcionando pese a los ajustes y recortes presupuestales. La mala noticia es que no había filas largas en las casillas para votar por la renovación de los jueces.

Una parte fundamental del proceso electoral es fomentar el interés y transmitir a la ciudadanía que ir a la casilla es fácil, que es útil y que incide en su vida de manera directa. A nadie le conviene un proceso complejo y con baja participación para elegir ningún cargo.

La elección judicial fue presentada como un acto de empoderamiento popular. Un giro “histórico” para que el pueblo decidiera el rumbo del Poder Judicial. Pero lo que se midió fue otra cosa: la fuerza de las estructuras, la eficacia de la movilización y, sobre todo, la credibilidad del proceso impulsado desde el poder.

Una participación alta habría sido una victoria política para el gobierno. Demostraría que su narrativa caló, que el pueblo sí quiso tomar el destino judicial en sus manos y que no fue un capricho presidencial, sino un mandato respaldado en las urnas. Además, le daría cobertura democrática a lo que en el fondo es un rediseño institucional, desactivando críticas nacionales e internacionales.

Pero no solo eso: si el aparato oficialista logró movilizar eficazmente sus bases, redes clientelares y voto disciplinado, una alta participación implicaría colocar perfiles afines con legitimidad. Es decir: construir un Poder Judicial políticamente alineado… pero electoralmente avalado.

Aun así, una baja participación no necesariamente es un revés para el gobierno. Al contrario: en un escenario de abstención alta, el voto movilizado pesa más. Y ahí gana quien tiene estructura y control territorial. Es decir: el oficialismo puede perder legitimidad, pero garantiza el control del Poder Judicial. Sin oposición ni competencia real en las urnas, una elección desierta puede ser incluso más útil que una masiva.

Para la oposición, prácticamente inexistente en el contexto político actual, los saldos también son ambiguos. Una alta participación con resultados adversos revelaría su fragilidad y su incapacidad para articular candidaturas con agendas claras. Y una baja participación, aunque útil para criticar el proceso, expone su falta de convocatoria. En resumen: incapacidad para disputar el país.

La batalla por imponer la narrativa sobre lo que ocurrió en esta elección del Poder Judicial se intensificará a partir de hoy mismo.

Algunos dicen, aunque usted no lo crea, que desde el domingo somos el país más democrático del mundo. Otros, en cambio, aseguran que ya regresaron los tiempos de la dictadura perfecta. Ya se verá qué versión se impone.

Lo indiscutible es que asumir el control del Poder Judicial tiene un costo político y se maniobra en varios frentes para que sea el menor posible.

Pronto se verá si tiempo, dinero y esfuerzo invertidos se traducen en un Poder Judicial honesto y eficaz, entonces todos los forcejeos serán cosa del pasado, pero sí no es así, la factura a pagar puede mandar a algunos personajes al buró de crédito político.

Lo seguro es que el jaloneo no concluyó cuando cerraron las casillas, se extenderá por tiempo indefinido. El gobierno apostó por una reforma que mezcla participación con control. La oposición respondió con desconfianza y ausencia. Y la ciudadanía quedó atrapada en un dilema sin buenos caminos.

Esta elección no fue técnica. Fue política. No eligió jueces: midió el poder real.*NI*

Por Nueva Imagen de Hidalgo

Medio de comunicación impreso que nació en 1988 y con el correr de los años se convirtió en un referente en la región de Tula del estado de Hidalgo. Se publica en formato PDF los miércoles y a diario la página web se alimenta con información de política, policíaca, deportes, sociales y toda aquella información de interés para la población.

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