*En el caso del Ayuntamiento de Tula hay casos de regidores que son docentes y perciben doble sueldo; en cambio, la munícipe Nelly Guadalupe Mendoza tuvo que pedir licencia sin goce de sueldo.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
En la más reciente sesión del Ayuntamiento de Tula salió a colación el tema de los integrantes de ese cuerpo que además se desempeñan como profesores. El asunto incomodó a regidores como Germán Rodríguez Gómez y Jonathan Navarrete Trejo, principalmente; aunque también en ese supuesto se encuentra la Nelly Guadalupe Mendoza, pero ella con otro trato diferente a sus colegas.
Asimismo la directora de Educación y Cultura, Eréndira Marlene Mendoza Chávez, quien a su vez es suplente en la regiduría que ocupa como propietario Jonathan Navarrete.
Si bien el tema fue recordado en la sesión por el regidor Noé Paredes Meza y quien recibió como respuesta por parte de los aludidos, específicamente de Germán Rodríguez Gómez, quien aclaró que el tema está en tribunales y es ahí donde se resolverá. Antes el munícipe se refirió a un artículo de ley que supuestamente permite esta situación.
Sin embargo, la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, que encabeza Álvaro Bardales Ramírez, abrió 700 investigaciones contra regidores, síndicos y trabajadores de áreas administrativas de diferentes ayuntamientos que también se desempeñan como maestros.
El contralor explicó ante medios de comunicación que los servidores públicos incumplieron con el procedimiento de compatibilidad que certifica a un servidor público para desempeñar dos o más empleos sin incurrir en conflictos de intereses.
Trascendió que algunos síndicos, regidores o colaboradores de ayuntamientos también ocupan una plaza en el sector educativo, por lo que el gobernador, Julio Menchaca Salazar, conminó a los profesores a que pidan licencia, pues una responsabilidad en las alcaldías requiere de tiempo completo.
Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), Leodegario Hernández Cortez, también en diferentes declaraciones, dijo que el artículo 128 de la Constitución Política del estado, fracción V, refiere que para ser miembro de un ayuntamiento no se podrán desempeñar cargos o comisiones del gobierno federal, estatal o municipal en la circunscripción del municipio, a menos que se separen de aquéllos con 60 días naturales de anticipación al día de la elección, a excepción de los docentes.
La Contraloría estatal emite dictámenes de compatibilidad de empleo tras supervisar que los servidores públicos con dos puestos puedan desempeñarlos sin comprometer la integridad institucional o incurrir en conflicto de intereses.
Entre la documentación que debieron presentar los funcionarios destacan: Carta de compatibilidad otorgada por la Contraloría; dos declaraciones patrimoniales: una ante el ayuntamiento y otra ante el Poder Ejecutivo; dos declaraciones de no conflicto de intereses, una por cada cargo; y declaración fiscal reportando los ingresos de ambos empleos, que superan los 400 mil pesos anuales.
Bardales Ramírez también ha señalado que los funcionarios debían notificar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ocuparían otro puesto, a fin de que se nombrara un maestro, supervisor o administrador sustituto en el cargo vacante, ya que no se puede desempeñar dos trabajos, cuando el segundo sea de regidor, diputado, presidente municipal, etc., dado que son trabajos de tiempo completo.
La Contraloría ya notificó a los 700 servidores públicos bajo este supuesto, así como a los órganos internos de control, tesorerías y secretarías de finanzas en las alcaldías. Bardales Ramírez advirtió que, de continuar en esta situación, los que están en ese supuesto también serán considerados responsables.
El caso de Nelly Guadalupe Mendoza
La regidora Nelly Guadalupe Mendoza Hernández denunció, en entrevista telefónica, las irregularidades y el trato desigual que ha enfrentado dentro del procedimiento de compatibilidad laboral que investiga la Contraloría del estado, tras los señalamientos recientes de que integrantes de ayuntamientos ejercen simultáneamente como docentes y funcionarios, percibiendo doble sueldo.
De acuerdo con su testimonio, su caso fue distinto, pues asegura que sí solicitó permisos internos y se acercó directamente al presidente municipal, al gobernador y al secretario de Educación Pública para regularizar su situación. “Se me asignó a Jonathan Navarrete para que me diera seguimiento, y en su momento me hicieron pedir mi licencia sin goce de sueldo y devolver lo que había percibido durante tres meses”, relató.
Explicó que, aunque tenía derecho sindical a permisos, agotó los económicos y buscó alternativas para cubrir su ausencia en la escuela durante tres meses. Sin embargo, las autoridades locales le negaron la opción y la obligaron a reintegrar el salario recibido. “He cumplido con todo lo que se me ha indicado, pero no se me apoya sindicalmente”, afirmó.
La maestra acusó que, mientras a ella se le sancionó y se le exigió devolución de pagos, otros compañeros del cabildo, como Jonathan Navarrete y Germán Rodríguez, además de Eréndira Marlene Mendoza —suplente de regidor en la planilla—, continúan cobrando como maestros y funcionarios, sin que se les requiera lo mismo. “Es incongruente, porque yo tuve que devolver dinero y pedir licencia, y ellos aparecen en eventos en horarios laborales”, denunció.
Agregó que incluso presentó documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública y declaraciones ante la Contraloría municipal y estatal para demostrar que no percibe salario desde que le fue otorgada la licencia.
La docente no descarta que esta situación obedezca a cuestiones políticas y de partido: “Todos los que somos contrarios, los que no pertenecemos al color que corresponde, estamos siendo afectados”, expresó, señalando que otros maestros del Partido Verde también fueron obligados a pedir licencia sin goce de sueldo y a regresar recursos ya percibidos.
Finalmente, manifestó que este trato desigual también afectó sus derechos como trabajadora de la educación, ya que la suspensión de sus licencias afecta prestaciones médicas, antigüedad y servicios. “No es por mí, es por los que vienen atrás, porque es injusto que a unos se les permita y a otros no”, concluyó. *NI*