Concluyen que ciudadano no acredita titularidad de predio afectado por el Tren México–Querétaro

*Tras exponer su caso ante la Procuraduría Agraria. Quedaron a salvo los derechos del ciudadano de Tula.

Cruz Villegas Jiménez solicitó la intervención de la Procuraduría argumentando que el ejido de Tula de Allende se niega a entregarle el pago de indemnización por un terreno que afirma poseer desde hace más de 40 años y que utiliza para la cría de peces, ubicado en el lugar conocido como La Redonda, en la colonia 16 de Enero, Tula de Allende.

Señaló que la posesión proviene de su abuelo y denunció que el actual comisariado ejidal derribó árboles, plantas y un tejaban instalados en el lugar. También indicó que administraciones ejidales anteriores le habían asegurado que le respetarían la superficie y le pagarían lo que le correspondiera.

Sin embargo, durante la comparecencia se determinó que Villegas Jiménez no cuenta con documentos que acrediten la titularidad del predio, salvo una constancia de posesión expedida por su colindante, A. N. H. El documento fue anexado al expediente.

La comparecencia ante la Procuraduría Agraria

El procedimiento se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2025, en la Residencia Tula de Allende de la Procuraduría Agraria. El ciudadano compareció acompañado de su apoderada legal. La autoridad detalló que las tierras del ejido de Tula de Allende están formalmente delimitadas conforme al artículo 56 de la Ley Agraria y que el promovente no cuenta con calidad agraria ni con documentos que lo acrediten como titular.

La Procuraduría expuso que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional; los artículos 93, 94 y 95 de la Ley Agraria; y los artículos 77, 78 y 79 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, la indemnización por expropiación del Proyecto Tren México–Querétaro debe pagarse a los ejidatarios conforme a sus derechos.

También se citó el artículo 96 de la Ley Agraria, que establece que “la indemnización se pagará a los ejidatarios atendiendo a sus derechos…”, así como el artículo 77 del Reglamento, que indica que cuando la expropiación afecta terrenos de uso común, la indemnización corresponde al núcleo agrario. 

Derivado del análisis, la institución concluyó que no existe motivo ni documento que justifique promover acción ante el Tribunal Unitario Agrario para reclamar la indemnización, por lo que dejó a salvo los derechos del ciudadano para que, si así lo decide, acuda ante la instancia que considere pertinente. *NI*