Este lunes 8 de diciembre colectivos ambientalistas, organizaciones civiles y habitantes de la región Tula–Tepeji ofrecieron una rueda de prensa para fijar su postura respecto al proyecto denominado Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo, un plan que —advirtieron— no corresponde a un parque ecológico, sino a un complejo para el manejo, disposición y posible valorización de residuos que podría generar graves afectaciones ambientales en una zona que ya enfrenta una crisis histórica por contaminación industrial. Señalaron que el gobierno estatal impulsa la iniciativa bajo el discurso de “economía circular”, pero que en los hechos podría permitir el ingreso masivo de desechos, incluso industriales, destinados a procesos que liberarían contaminantes peligrosos, cuyos efectos alcanzarían varios kilómetros a la redonda.
Una región saturada y bajo presión ambiental
Durante la conferencia, los voceros recordaron que la región Tula–Tepeji fue declarada zona de emergencia sanitaria en 2019 por su alta concentración de fuentes contaminantes, entre ellas la refinería Miguel Hidalgo, la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, múltiples cementeras e industrias químicas. Pese a ello, destacaron que en 2024 se registraron más de 100 días con altos niveles de contaminación sin que se activaran contingencias ambientales, lo cual —aseguraron— evidencia fallas en los mecanismos de protección a la población.
En este escenario, afirmaron que la instalación de un nuevo proyecto relacionado con residuos profundizaría la saturación ambiental que ya se refleja en problemas respiratorios, afectaciones en la calidad del aire y del agua, así como un incremento de enfermedades vinculadas a la exposición prolongada a contaminantes.
Consulta acelerada y sin garantías de imparcialidad
Los representantes señalaron también que la consulta ciudadana convocada por el gobierno estatal para el 14 de diciembre presenta deficiencias y falta de transparencia. Denunciaron que la convocatoria fue publicada el 2 de diciembre, dejando escasos días para que la población conozca el proyecto, y que desde el 3 de diciembre autoridades estatales han difundido mensajes para promover el voto a favor, aun sin presentar de manera clara la Manifestación de Impacto Ambiental ni la información técnica completa.
Aseguraron que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo fue incorporado tardíamente al proceso y con facultades limitadas, lo que convierte la consulta —indicaron— en un ejercicio poco imparcial y no vinculante. “El gobierno convoca, promueve y decide. Es juez y parte”, mencionaron.
Llamado a la marcha del 13 de diciembre
En su mensaje final, los colectivos hicieron un llamado abierto a la población de Tula, Atotonilco, Atitalaquia, Tlaxcoapan y municipios colindantes para sumarse a una marcha regional el próximo 13 de diciembre, cuyo objetivo será manifestar el rechazo comunitario al proyecto y exigir transparencia, apego a la ley y respeto al derecho humano a un ambiente sano.
Señalaron que esta movilización busca visibilizar la preocupación de miles de habitantes que consideran que la región ya no soporta más carga contaminante y que cualquier decisión sobre el futuro de su territorio debe realizarse con información completa, procesos transparentes y verdadera participación ciudadana.
