*Por el presunto uso indebido y privatización de espacios deportivos comunitarios por parte de un comité no reconocido legalmente.
*Ejidatarios libran un juicio agrario para recuperar los terrenos convertidos en campos deportivos.
Por MARLENE GODÍNEZ PINEDA
En un mensaje dirigido a las autoridades municipales en la sala de cabildo y a la opinión pública, el representante jurídico del ejido de San Miguel Vindhó, Cruz Manuel Simón Sánchez, denunció el presunto uso indebido y privatización de espacios deportivos comunitarios por parte de un comité no reconocido legalmente, lo cual ha generado inconformidad y tensión entre los habitantes de la comunidad.
Después de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tula el martes 6 de mayo, el abogado, acompañado por el comisariado ejidal Juan García Bravo y otros ejidatarios, afirmó que desde hace aproximadamente cinco meses se han venido organizando eventos deportivos en la unidad deportiva del ejido, donde se cobran cuotas por partidos de fútbol, entrenamientos infantiles y otras actividades.
Según sus estimaciones, dichos cobros han generado ingresos de hasta 50 mil pesos, sin que exista transparencia sobre su destino. “Dicen que es para el mantenimiento de la unidad, pero ni siquiera se paga el recibo de luz”, puntualizó.
El vocero ejidal subrayó que estos espacios deben permanecer abiertos a toda la ciudadanía y criticó que, en los hechos, se ha restringido el acceso a varios miembros de la comunidad. “Nos identificamos como ciudadanos respetuosos, pero no vamos a permitir que se atropellen nuestros derechos sin causa legal”, expresó, solicitando respeto por parte de las autoridades.
Sánchez propuso una solución pacífica al conflicto, señalando que el municipio puede adquirir los terrenos si así lo desea, ya que el ejido está en condiciones legales de llevar a cabo un cambio de dominio. Aclaró que el ejido ha contribuido en el pasado con donaciones de terrenos para escuelas y otras obras, lo que demuestra su compromiso con el desarrollo de la comunidad.
Existe un juicio agrario en curso
El representante advirtió que existe un juicio agrario en curso, y que cualquier intento de tomar posesión por la fuerza por parte del comité no reconocido podría derivar en un conflicto social. “Muchos dicen ‘nos vamos por la fuerza’, pero eso sólo traería enfrentamientos que nadie desea”, advirtió, haciendo un llamado a que todo se resuelva por la vía legal.
También denunció que durante una inspección judicial programada, presuntas personas vinculadas al comité se presentaron con actitud agresiva, impidiendo la diligencia. Criticó la falta de acción por parte del delegado municipal, a quien acusó de actuar sin fundamento legal y sin respaldo de la asamblea ejidal.
“El comité deportivo del que hablamos no ha sido constituido legalmente ni reconocido por esta asamblea”, sostuvo, solicitando al presidente municipal Cristhian Martínez Reséndiz que emita una instrucción clara al delegado municipal Carlos Monroy Bravo para abstenerse de realizar cualquier acto de uso o dominio sobre la unidad deportiva.
El representante legal reiteró que el ejido no busca politizar el tema ni oponerse al progreso, pero sí exige que se respete la propiedad ejidal y que se garantice el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, conforme al marco legal vigente. Por ello pidieron que se cancele ese reconocimiento dado por la anterior administración al comité deportivo de la comunidad.
“Si hay interés por parte del municipio en contar con una unidad deportiva, estamos abiertos al diálogo y a llegar a un acuerdo legal, pero no vamos a tolerar abusos ni complicidades”, concluyó.
La anterior administración reconoció al comité deportivo
Durante la misma reunión, la regidora María Guadalupe Rodríguez Cruz, también ejidataria aunque de otro núcleo, expresó su preocupación por un convenio suscrito por la administración municipal pasada, con Manuel Hernández Badillo al frente, solicitando que se desconozca dicho acuerdo al considerar que se hizo sin fundamento legal en materia agraria.
Señaló que ningún delegado ni presidente municipal tiene facultades para intervenir en los bienes ejidales, ya que estos son inembargables y no forman parte de los bienes matrimoniales. Indicó que, aunque la ley puede parecer fría, establece que los terrenos ejidales pertenecen al titular hasta su fallecimiento, momento en el cual, si no existe una sucesión registrada, los derechos pueden pasar a la esposa o a los hijos.
Asimismo, denunció que administraciones anteriores del municipio intervinieron en asuntos del ejido sin tener injerencia, como en el caso del campo de fútbol, e hizo un llamado a que el presidente municipal desconozca el convenio anterior y dialogue con el comité ejidal de San Miguel para alcanzar nuevos acuerdos con base legal.
Por su parte, el abogado Cruz Manuel Simón afirmó que el delegado municipal debe actuar dentro del marco de legalidad, ya que sus actos no son personales sino en representación del municipio. Aseguró que, si el municipio considera tener pruebas para adjudicarse el terreno en cuestión, deberá hacerlo por la vía legal correspondiente. De lo contrario, los terrenos deben ser devueltos al ejido conforme lo acordado en asamblea.
Recordó que en ocasiones anteriores ya se habían generado altercados y que incluso uno de los ejidatarios fue agredido, siendo testigo de esos hechos. Señaló que de no haber llegado la policía —aunque tarde— otra habría sido la consecuencia, por lo que consideró que, ante la falta de voluntad, puede generarse un conflicto social.
Advirtió que, si no se atiende con respeto esta situación, puede ocurrir una desgracia mayor. Enfatizó que se vive una inseguridad latente y pidió respeto para evitar incluso la mínima afrenta. Solicitó que, si fuera necesario, se convoque a una nueva asamblea y que en ella se resuelvan las diferencias. Recalcó que si hay quienes se dicen propietarios acreditados, deben presentar los documentos correspondientes.
Destacó que el delegado representa al municipio pero no tiene facultades para intervenir en terrenos ejidales, y que en San Miguel, el ejido es libre y autónomo. Recordó que las dos parcelas en cuestión fueron donadas por señores mayores y están debidamente registradas con número certificado en el Registro Agrario Nacional, por lo que esa titularidad no puede ser ignorada.
Reconoció también que algunos ejidatarios han cedido voluntariamente el uso de terrenos para que se realicen actividades deportivas, pero lamentó que en ocasiones los comités lucren con esas unidades sin invertir nada en su mantenimiento. Dijo que en San Miguel hubo un buen convenio con un delegado anterior, quien incluso estableció un reglamento de uso, y por ello esperan que se respete ese precedente.
El gobierno municipal dará seguimiento
Por su parte, el presidente municipal Cristhian Martínez Reséndiz agradeció la presencia de la comitiva y lamentó si hubo alguna intrusión en la esfera agraria, reconociendo que este tema no compete directamente al municipio. Aun así, aseguró que su administración actuará con puntualidad e imparcialidad, y que se elaborará un documento para mantener el asunto dentro del ámbito de soluciones posibles.
Aunque reiteró que el tema ejidal no es competencia municipal, enfatizó que sí lo es garantizar la paz social. Por ello, dijo que se buscará escuchar a todas las partes involucradas y fomentar el diálogo, con el objetivo de evitar una ruptura del tejido social. Reiteró que, aunque no pueden incidir en lo que determine la autoridad competente sobre los documentos en disputa, sí pueden coadyuvar para facilitar el entendimiento entre las partes.
Indicó que muchas personas involucradas en el conflicto son vecinos del municipio y se conocen entre sí, lo cual debería facilitar la búsqueda de soluciones. En ese sentido, instruyó a Fernando Larios y a la comisión correspondiente a realizar un informe para la asamblea, en el que se detalle el avance del diálogo y se exploren posibles rutas de mediación.
El alcalde también destacó que se mantendrán respetuosos de los documentos y de las figuras involucradas, incluidas personas del actual gobierno y el delegado. Añadió que se trazará una ruta de trabajo concreta, con fechas definidas, para avanzar en la resolución del tema, y propuso que el secretario municipal José Antonio Vargas Olmedo, a petición de los ejidatarios, esté presente en cada reunión, con el fin de garantizar el correcto seguimiento de los acuerdos y evitar malentendidos. *NI*